30 de JULIO: Día Mundial contra la Trata de Personas
En 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas los Estados miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192 y designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. En la resolución, se señala que el día es necesario para «concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos».
La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.
Desde 2003, la UNODC ha recopilado información sobre aproximadamente 225.000 víctimas de la trata detectadas en todo el mundo. Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Los traficantes todavía siguen amenazando principalmente a mujeres y niñas. La gran mayoría de las víctimas con fines de explotación sexual y el 35% de las víctimas con fines de trabajo forzoso son mujeres.
Los datos también muestran que la trata de personas ocurre a nuestro alrededor, ya que la proporción de personas afectadas dentro de su propio país se ha duplicado en los últimos años al 58% de todas las víctimas detectadas, según el Informe mundial de la UNODC de 2018 sobre la trata de personas.
En septiembre de 2015, los países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron cumplir los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata. Estos objetivos piden que se ponga fin a la trata y la violencia contra la infancia, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y de su explotación.
A pesar de que son muchos los países que poseen leyes nacionales en la lucha contra la trata de personas siguiendo los protocolos establecidos por las Naciones Unidas, el tráfico sigue siendo una realidad y en muchos países las víctimas llegan a ser criminalizadas mientras que los traficantes quedan impunes.
En octubre de 2011, el gobierno español firmó el Protocolo Marco de las Víctimas de Trata. Este Protocolo establece un procedimiento para la detección, identificación y derivación de las potenciales víctimas con las debidas garantías, y facilita su asistencia y protección abordando de forma integral las distintas etapas del proceso. Asimismo, establece los mecanismos necesarios para la coordinación entre todos los agentes institucionales, así como los agentes sociales.
Sin embargo, todas estas reformas legales de estos últimos años han sido calificadas de insuficientes por varias organizaciones y ONGs, por carecer en su redacción y en su espíritu de un enfoque de género y de derechos humanos.
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